Esposa del gendarme argentino detenido pidió a la CPI su ayuda

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo detenido en Venezuela desde el pasado mes de diciembre, levantó su voz una vez más para pedir por su liberación.

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Este lunes, María Alexandra pidió mediante un mensaje sus redes sociales a la Corte Penal Internacional (CPI) que intervenga. Durante su publicación, citó directamente a Karim Khan, fiscal de la CPI. «Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en circunstancias y en qué lugar está. Ayúdenos, estamos desesperados» expresó.

Asimismo, más temprano, la esposa del gendarme había hecho otra publicación en la que expresó «Libertad para Nahuel Agustín Gallo, detenido e incomunicado injustamente hace 51 días en Venezuela. Su familia necesita su liberación, lo estamos esperando para regresar a casa».

Es preciso resaltar que el 2 de enero el gobierno del presidente Javier Milei denunció ante la Corte Penal Internacional la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme.

Según el comunicado oficial de la Cancillería, la denuncia incluyó una mención directa al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tras su postura ante la decisión del gobierno venezolano con relación a la situación de Gallo, quien aseguró que el argentino participaba en «acciones conspirativas contra la paz de Venezuela».

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Saab insistió que Nahuel Gallo fue detenido por participar en una supuesta «conspiración» de alcance internacional y puso en duda el argumento de que viajó en realidad para visitar a su pareja.

«Esa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor. Mire, el mexicano, estadounidense, los peruanos, los colombianos, los españoles dicen que vinieron a ver a sus novias, incluyendo el argentino. ¿De verdad que, eh?» afirmó.

Al respecto, la administración del gobierno argentino enmarcó el secuestro del gendarme dentro de un presunto «patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad» ocurridos en Venezuela, argumentando que dichos actos se encuentran «claramente» bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, durante su presentación ante el organismo, calificaron el hecho como una «violación grave y flagrante de los derechos humanos».

En este contexto, el caso de Gallo es una de las prioridades de la política exterior del gobierno argentino, que reiteró que se utilizarán «todos los recursos legales y diplomáticos» disponibles con el objetivo de garantizar los derechos del gendarme argentino y «exigir justicia en el ámbito internacional».

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