Especialista dice que el sueldo «sigue en 130 bolívares», esto sugirió para posibles mejoras

Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, aclaró el reciente anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el incremento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales.

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León resaltó que, aunque el monto representa el extremo superior de las proyecciones de los analistas -quienes estimaban un ajuste de entre 180 y 250 dólares-, existe una distinción técnica fundamental que no debe pasarse por alto.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) precisó que el sueldo mínimo legal «permanece congelado en 130 bolívares (aproximadamente 0,27 dólares)».

Según León, la estrategia permite al Estado financiar aumentos mediante bonificaciones, evitando así el colapso financiero que supondría el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades sobre un salario base más elevado.

SOBRE EL USO DE BONOS

A su criterio, el uso de bonos en lugar de salario real responde a la falta de una propuesta concreta para reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

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Por ello, señaló los puntos claves sobre el anuncio dado por Delcy Rodríguez:

• El bono es actualmente el único instrumento ejecutable mientras madura una fórmula viable de reforma laboral.
• El acuerdo firmado entre el gobierno, sindicatos y empresarios busca rescatar el valor del salario a futuro.
• Se espera que la reforma laboral no se postergue hasta el próximo año y venga vinculada a un aumento salarial real.
• Aunque el sector privado ya suele pagar por encima de este mínimo, el decreto generará una presión natural para elevar los ingresos en toda la cadena económica.

Aunque calificó este paso como «necesario» el economista detalla que esto sigue siendo «insuficiente» para cubrir la canasta básica.

Por ello, aseveró que, para avanzar hacia una solución definitiva, se deben realizar dos bloqueadores principales que deben resolverse:

Estimular la inversión petrolera (pública y privada) mediante la resolución de pendientes en la Ley de Hidrocarburos; y sustituir el modelo actual de prestaciones sociales por una fórmula que permita salarios sólidos y protección real para el trabajador.

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