Denuncian muerte por ahorcamiento de detenido en Tocorón por protestas tras 28JUL
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clip) denunció este domingo 4 de mayo, la muerte por ahorcamiento de Lindomar Jesús Amaro Bustamante. Se trata de un joven de 27 años, quien fue detenido de forma arbitraria en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.
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De acuerdo a la información publicada en su cuenta de X (Twitter), la organización reportó que la causa del fallecimiento fue “ahorcamiento dentro de su celda”.
Amaro Bustamante fue arrestado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Cojedes. Mientras se desplazaba en moto hacia su vivienda, en el contexto de protestas postelectorales tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
La familia del joven afirmó que ya había intentado suicidarse con anterioridad. Y que esta situación fue advertida a las autoridades penitenciarias, sin que se le brindara atención médica ni medidas de protección.
Además, denunciaron el grave estado de salud de otro detenido, Jhoandri Joel Silva Lara, de 26 años, quien habría intentado quitarse la vida en circunstancias similares.
Ambos jóvenes permanecieron al menos 15 días en las llamadas “celdas de castigo” o “el tigrito”, espacios de aislamiento que, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, son utilizados para infligir tortura psicológica y tratos crueles e inhumanos.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirmó también la presunta causa de muerte de Amaro Bustamante, quien trabajaba como mototaxista y obrero.
Silva, por su parte, fue detenido cuando se encontraba cerca de una farmacia, donde intentaba comprar medicamentos anticonvulsivos para su hija.
Con la muerte de Lindomar, ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025, de acuerdo con cifras del Clip.
El cuerpo del joven fue entregado a su familia la mañana del domingo y trasladado a Cojedes, donde fue sepultado esta misma tarde.
Durante los nueve meses de detención, sus familiares no pudieron visitarlo por falta de recursos para trasladarse hasta el penal.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al Estado venezolano investigar a fondo este caso, garantizar la integridad física y mental de todos los detenidos. Y sancionar a los responsables de esta y otras muertes bajo custodia.
También reiteró su llamado a la liberación inmediata de los presos políticos y al cierre definitivo del centro penitenciario de Tocorón. Señalado por prácticas sistemáticas de tortura y violaciones de derechos humanos.
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