La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin. El viernes le acusó de ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania, incuida la deportación ilegal de niños.
La CPI emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Cabe destacar que Rusia, Estados Unidos y China no reconocen la jurisdicción de la CPI.
Sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.
En respuesta a la orden de arresto contra Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que «no tiene ningún significado».
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal», dijo la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.
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