CNP Caracas denuncia "silencio forzado" y exige libertad para 21 trabajadores de la prensa
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Distrito Capital, denunció una estrategia sistémica de hostigamiento que busca anular el periodismo independiente en Venezuela.
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Bajo el amparo del reciente «Estado de Conmoción Exterior», el gremio documentó una escalada de agresiones sin precedentes durante la primera semana de enero.
Al respecto, Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, advirtió que el país enfrenta una «imposición del silencio». La cual, es ejecutada a través de controles judiciales, institucionales y gremiales que criminalizan la búsqueda de la verdad.
El Observatorio de seguimiento de agresiones a periodistas y medios del ente gremial caraqueño, registró una ofensiva relámpago contra la libertad de prensa en apenas ocho días:
El CNP alerta que, aunque el Artículo 337 constitucional define el derecho a la información como un valor «intangible» (que no puede restringirse ni en estados de excepción), en la práctica se aplica una restricción de facto.
Es preciso destacar que cuerpos de seguridad han ejecutado inspecciones sin orden judicial. Al tiempo que alegan «seguridad de Estado» para prohibir coberturas sobre el despliegue militar y la crisis institucional.
El gremio exige la liberación inmediata de 21 trabajadores de la prensa que permanecen tras las rejas bajo acusaciones de «terrorismo» o «traición a la patria»:
Detenidos en año 2025: Omario Castellanos, Yorbin García, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Carlos Marcano, Rory Branker, Nakary Mena Ramos, Gianni González, Carlos Lesma, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Mario Chávez, Julio César Balza, Ángel Godoy y Nicmer Evans.
Casos de larga data: Ramón Centeno (47 meses), Carlos Julio Rojas, directivo del CNP DC (21 meses), Luis López (19 meses), Gabriel González (19 meses), Roland Carreño (18 meses) y Víctor Ugas (17 meses).
«Mientras los comunicadores enfrenten la cárcel, la democracia estará en peligro», sentenció Cárdenas, reiterando que informar no es un delito, sino un servicio público esencial.
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