El estado de excepción impuesto por el Gobierno de Chile en las provincias fronterizas del norte, concluyó este viernes 15 de abril. Pero no supuso el repliegue de los efectivos policiales y militares; ya que fue sustituido por el decreto 265, publicado durante la administración del presidente Sebastián Piñera. El mismo, permite el despliegue de tropas y otros efectivos para el control de los flujos de migración irregular.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarcó que el compromiso del Gobierno de Chile, es mantener una frontera segura; y para ello recurre a un decreto que le permite una mayor influencia en la coordinación, y despliegue de los servicios de seguridad, según RPP.
«El estado de excepción termina, pero el Gobierno va a mantener vigente el decreto 265 que permite mantener a todo el personal policial; pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras», afirmó Monsalve.
Además, declaró contrario también a las «devoluciones en caliente»; una práctica común igualmente en otros países de dudoso encaje en la declaración de los derechos humanos.
RUTAS DE ACCESO A CHILE
En este contexto, el Gobierno de Chile indicó que la estrategia actual va a consistir en dos líneas de acción principales; una, mejorar la seguridad en el control de las rutas de acceso que siguen los migrantes desde el Altiplano de Bolivia y el sur de Perú. Y dos, focalizar las acciones en la lucha contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas; y las bandas de crimen organizado que aprovechan la situación para minar la seguridad en las localidades próximas a la frontera.
Para ello, el Ejecutivo ha apelado al cuerpo de Carabineros, pero también a la Policía de Investigaciones (PDI); a los que ha instruido a desplegar los recursos que transregionales de los que dispone en el norte.
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Las regiones del norte de Chile son escenario desde hace más de un año de la mayor crisis migratoria de la historia del país; con cientos de personas que entran a diario de forma irregular a través de las fronteras con Bolivia y Perú. En su mayoría de origen venezolano, pero también haitianos y otras de nacionalidades.
El pasado febrero, y en víspera del fin de la Administración anterior de Piñera, al que se acusa de azuzar la llegada de migrantes, estallaron huelgas y protestas en las provincias de Arica, Iquique y Antofagasta por el aumento de la criminalidad y la violencia, que la población local, y en particular el poderoso e influyente gremio de camioneros, responsabilizan a los venezolanos que llegan desde el altiplano.
Las protestas y la inseguridad, azuzada igualmente por la xenofobia, llevaron al Gobierno a decretar el estado de excepción; y a desplegar un mayor número de policías y militares para blindar la frontera, medida que no ha frenado el flujo migratorio.
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