Argentina denunció ante la Corte Penal Internacional los «atropellos» y «asedio» por parte de funcionarios de cuerpos policiales contra los refugiados desde marzo en la embajada de Argentina en Caracas, sede que desde agosto esta bajo la bandera de Brasil, luego de la expulsión de la delegación diplomática argentina.
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Mario Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos y representante ante la CPI, con sede en La Haya, fue el encargado de transmitir la queja del gobierno argentino contra el gobierno venezolano, luego de más de una semana en la que los asilados se mantienen sin energía eléctrica y sin el suministro de agua, además de patrullas policiales rodeando el lugar.
«La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía» expresó Oyarzábal.
Además, agregó que los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado.
En tal sentido, Oyarzábal habló sobre las detenciones «arbitrarias» y los tratos «inhumanos» que requieren de investigaciones «rigurosas», por lo que habló sobre lo sucedido contra la sede diplomática argentina por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados.
«Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura».
Asimismo, el reclamo argentino en la Haya se da luego de días en los que los propios asilados denunciaron que su situación empeoró de modo notable. Por lo que pidieron al Fiscal de la CPI, Karim Khan, tomar acciones de manera inmediata contras las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
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