Al mediodía de este martes 25 de julio, activistas de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales y familiares se encontraban en el Palacio de Justicia de Valencia a la espera de que fueran trasladados desde la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Los Guayos para ser presentados en los tribunales, los hombres detenidos la tarde del pasado domingo en un local privado de Valencia, que presuntamente funcionaba como un sauna.
El director general de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, exigió la libertad plena para los 33 ciudadanos que continúan detenidos. Denunció que a los hombres les han violentado el derecho a ejercer libremente su orientación sexual y a la privacidad, debido a que fueron sometidos al escarnio público.
El también presidente de la fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) pidió que sean sancionados los funcionarios policiales que revelaron el rostro y la identidad de los detenidos.
«Son unas personas detenidas de la comunidad LGBTIQ+ que se encontraban en un espacio para ellos y les han violado sus derechos porque los han presentado con la cara visible, están nombre y cédulas y los han puesto al escarnio público. El procedimiento fue sin orden de allanamiento y sin un fiscal presente. Ellos estaban en un sitio privado y cada quien es libre de ejercer su condición sexual. Es un ataque a la comunidad LGBTIQ+», manifestó.
Koddy Campos, activista de DDHH de la población LGBTIQ+ en Venezuela, exigió respeto a los derechos de la población.
«Nos preocupa que se haga un procedimiento como este porque estaríamos volviendo a la ley de vagos y maleantes, donde por el simple hecho de ser homosexual era motivo para que entraran, allanaran y te llevaran preso, eso no puede seguir sucediendo en pleno siglo XXI donde hay leyes que protegen a la población. Estamos presionando a la Fiscalía para que no imputen ningún delito. Llevarse preso a los compañeros fue un delito, allanar un espacio por simplemente haber homosexuales es un delito y someterlos a un escarnio público es un delito», sostuvo.
Por su parte, Deysi Pérez, madre de uno de los detenidos, denunció irregularidades en el procedimiento.
«Mi hijo es trabajador de allí, como la gran mayoría de las personas que estaban, e iniciaron un procedimiento ilegal sin presencia de Fiscalía y se los llevaron a todos. Les dijeron que simplemente debían hacer una aclaratoria en la delegación y todavía a estas horas, sabemos que los van a trasladar, pero la demora ha sido muy amplia. Esto es un atropello a la comunidad LGBTIQ+, porque cada persona tiene derecho a ejercer su vida sexual como quiera», dijo.
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