Actualmente Venezuela registra un importante aumento en casos de abuso sexual infantil. La migración -que llevó a miles a dejar a sus hijos al cuidado de un tercero- y la falta de clases en las escuelas públicas están entre las principales causas del repunte.
De acuerdo a expertos, en algunos casos, los casos de abuso sexual infantil se producen incluso con el consentimiento del cuidador, desesperado por recibir un “pago” en alimentos o dinero en efectivo.
Un total de 5.519 denuncias de abuso sexual infantil se reportaron en 2022. Cabe destacar que representa 29% más que el año anterior, según datos oficiales a los que accedió la AFP. Del total, 2.311 fueron imputados y 1.013, condenados.
Mientras que en la última década van más 17.000 imputaciones y 5.196 condenas. Un informe de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) revela que el delito de maltrato infantil es una de las seis principales causas de ingreso en prisión.
Unos 10 de los más de 30 millones de habitantes que tiene Venezuela son niños y adolescentes, según Unicef.
Expertos coinciden en que el abuso infantil se da “más fácil” cuando los jóvenes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La migración es un ejemplo claro. Jóvenes que quedaron al cuidado de abuelos, vecinos, tíos o familiares cercanos porque los padres o responsables directos han emigrado huyendo de la crisis económica, explica la criminóloga Magally Huggins.
“Están más solos, expuestos a violencia y aquí entra el abuso, este problema cultural ahora en aumento”, alerta Huggins.
Otra razón, añade la criminóloga, es la crisis en el sistema educativo. “Las escuelas (públicas) no funcionan, sino un día a la semana o dos”, agrega, pues debido a los bajos salarios los profesores redujeron sus horarios de trabajo. Y muchos jóvenes quedan entonces sin cuidados, reseñó Impacto Venezuela.
La Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Redhnna), denuncia también casos en los que padres permiten el abuso a cambio de dinero comida como “una medida de afrontamiento a la crisis económica”.
“Eso lo estamos viendo de verdad con mucha frecuencia”, sostiene la trabajadora social Angeyeimar Gil, investigadora de la Redhnna, que sigue la situación de los derechos de los niños a través de denuncias registradas en prensa.
Y “en muchas oportunidades (…) bueno, mamá migró o mamá está trabajando en tal sitio y no está presente en casa”, continúa Gil.
El fiscal, Tarek William Saab, dice a la AFP que el proyecto “Pedofilia es crimen”, lanzado en 2021, “ha permitido que la gente pierda el miedo” a denunciar. “Ha logrado que personas que no se sabían víctimas o que tenían miedo” hagan “la denuncia y obviamente esos casos no prescriben”.
“La visibilización ha sido clave, visibilizar el fenómeno y hablarlo sin tapujos”.
Sin embargo, una expolicía, madre de una niña que presuntamente fue abusada por el padre, también funcionario, reclama un serio retardo procesal. La mujer dice que tras hacer la denuncia fue presionada y debió renunciar.
“Yo veo que te dicen: ‘hay campaña’, ‘sí, denuncia, habla’, pero eso fue el delito que yo cometí, haber denunciado, haber hablado”.
El caso lleva un año y cuatro meses, y aún está pendiente una pericia a su exesposo, que afirma ser inocente y está en libertad.
Child Rights International Network, una red que apoya a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, denunció que Venezuela es el segundo país de América Latina con menos medidas para la prevención contra el abuso sexual infantil.
Hay “debilidades y los funcionarios no están capacitados para abordar y atender víctimas de abuso sexual infantil”, señala la experta en seguridad ciudadana, Francis Prieto.
Además, Saab denuncia una “politización” del tema y defiende su gestión con 12.502 imputaciones desde 2017, año en que asumió el cargo, y 4.295 condenas.
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