Abogados de libre ejercicio y miembros del Frente Nacional de Abogados, Movimiento de Unidad Gremial, La Voz del Gremio y Funda Preso se concentraron este jueves frente al Palacio de Justicia en Valencia para protestar contra la corrupción que, aseguran, impera en el sistema judicial del país.
La designación arbitraria de jueces, retardo procesal y el irrespeto al libre ejercicio de la profesión fueron las principales denuncias de los abogados.
Noé Mujica, presidente del Frente Nacional de Abogados, manifestó que no se está cumpliendo con los requisitos que establecen las leyes para designar a los jueces.
«Nosotros venimos señalando e insistiendo que la causa que afecta gravemente que no haya administración de justicia en Venezuela es la violación flagrante del artículo 255 de la Constitución de la República, que establece que para acceder a la carrera judicial o para ser juez de la República necesariamente tiene que pasar por un concurso de credenciales de conformidad con la ley, no puede ser a dedo», indicó.
Repudió que no se cumpla con el debido proceso y hayan detenidos que llevan años esperando por una audiencia. Ante esto, hizo un llamado a las instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional a estar atentas a los casos de violación de Derechos Humanos.
«Hay casos reiterados de violación a la Constitución porque los jueces no cumplen con la función de administrar justicia. Mantener privado a alguien de libertad sin respetar las normas constitucionales se constituye en un gravísimo acto de corrupción», afirmó.
Por su parte, Ramón Carmona, miembro del Frente Nacional de Abogados, manifestó que el denominado «Plan Cayapa» atenta contra el libre ejercicio del Derecho, al imponer la defensa pública y no permitir que participen los abogados litigantes.
«El Plan Cayapa es el reconocimiento del poder judicial del fracaso de los tribunales en el país, porque este plan lo que pretende es tratar de resolver el retraso procesal que causan los tribunales. Si los tribunales no causaran retraso procesal no tendría por qué existir el Plan Cayapa. Pero, aparte de eso, ese Plan Cayapa le coloca el hecho de que los abogados litigantes, los abogados en ejercicio, no podemos participar en este Plan Cayapa, cosa que es totalmente inconstitucional», afirmó.
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